Mientras el Congreso define una nueva ley de alquileres, la Cámara de Desarrolladoras Urbanas (CEDU) pide una exención de impuestos a los emprendimientos destinados a ampliar la oferta en ese segmento. Además, exige un nuevo blanqueo para atraer inversores.
La Ley de Alquileres está hoy en el centro de la escena. Mientras el Congreso debate sus modificaciones, los desarrolladores inmobiliarios piden incentivos fiscales destinados a construcciones que se vuelquen al mercado locativo, cuya reducida oferta -consecuencia directa de la norma actual- es uno de los factores que presiona a los precios a la suba muy por encima de la inflación. Además, reclaman por un nuevo blanqueo de capitales pero con plazos más extensos para captar a los inversores.
Sobre el blanqueo el presidente de la CEDU, Damián Tabakman, destacó que “el rubro necesita la aprobación de un blanqueo para la construcción. Durante una conferencia de prensa organizada por la Cámara de Desarrolladores Urbanos (CEDU), en donde participaron los principales jugadores del sector, las empresas se refirieron a los diferentes proyectos para modificar la Ley de Alquileres, que empezó a tratarse esta semana en la Cámara de Diputados.
Del encuentro, participaron Daniel Mintzer (G&D Developers), Edgardo Wierzba (Wiza), Enrique Shaw (Pinamar), José Chouhy (Nordelta), Patricio Lanusse (Eidico), Sergio Kompel (Northbaires) y Andrés Brody (BrodyFriedman), todos miembros de CEDU.
«Estamos contra un nuevo impuesto a la vivienda ociosa, porque creemos que desalienta al inversor y perjudica de lleno al mercado de la construcción. Hoy, los plazos de los contratos deben ser más cortos y apoyamos un sistema de indexación, en el que haya posibilidad de diálogo entre las partes«, sostuvo frente a un grupo de periodistas Damián Tabakman, presidente de CEDU.
En ese aspecto, los empresarios inmobiliarios también se refirieron al revalúo inmobiliario, que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pretende aplicar para más de 230.000 contribuyentes de la Ciudad de Buenos Aires del impuesto a los Bienes Personales. El ente recaudador decidió dejar la valuación fiscal y utilizar como parámetro la que usa el Gobierno porteño. En la práctica, significaría multiplicar por cuatro el monto que hoy se paga por el tributo. Algo que no alienta la compra de propiedades para alquilar, lo cual acentuaría la escasez de oferta que existe hoy en este segmento. «Son medidas que perjudican y desalientan la inversión en ladrillo», agregó Tabakman.
Qué piden las desarrolladoras
Para el sector, el problema habitacional no se resuelve simplemente con una mejora en la Ley de Alquileres. «En este contexto, creemos que es esencial que el Estado genere beneficios fiscales para las desarrolladoras que construyan edificios que, luego, se vuelquen al mercado locativo«, explicó Tabakman.
Actualmente, la oferta de inmuebles en el mercado de alquileres es casi inexistente. Según datos relevados por Soledad Balayan, de Maure Inmobiliaria, en el último año la oferta de inmuebles en alquiler descendió un 32 por ciento.
Actualmente, los propietarios, desalentados por una baja rentabilidad, del 3,4% promedio según datos de Zonaprop, parecen inclinarse hacia el mercado de la venta o, por el contrario, prefieren tener los inmuebles desocupados.
Pero la demanda de alquileres se mantiene muy alta, lo que genera incrementos de precios que, durante la sanción de la actual ley, a mediados de 2020, llegaron a ser de hasta el 184% en el ámbito de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, según un reciente relevamiento de la Bolsa de Comercio de Córdoba. En el mismo período, la inflación fue del 103 por ciento.
«Esta herramienta (por los incentivos fiscales) es muy exitosa en Uruguay con las viviendas Promovida. Creemos que un plan similar adaptado al mercado local podría ayudar a incrementar la oferta de inmuebles en alquiler y volver a tentar a los inversores«, agregó Tabakman.
Los desarrolladores proponen una ley con incentivos fiscales para aquellos desarrolladores que se inclinen por obras destinadas a inversores que, luego, vuelquen sus inmuebles al alquiler.
El año pasado, el Colegio de Corredores Inmobiliarios porteño (Cucicba) le presentó al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, una serie de medidas para incentivar el mercado inmobiliario. Entre ellas, se resaltaba un sistema de desgravación impositiva por cinco años para quienes compren un inmueble para volcar al mercado locativo.
Blanqueo
El año pasado, la Ley de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda, popularmente conocida como «Ley de Blanqueo», que el Gobierno lanzó con la intención de impulsar a la industria de la construcción, pasó desapercibida.
En 2021, hubo poco más de 700 presentaciones al blanqueo, por un total de u$s 100 millones (tomando la cotización de la divisa estadounidense del año pasado).
«Lo que pedimos es que consideren una ley de blanqueo con plazos realmente interesantes y que esté focalizada 100% en la construcción«, se refirió Tabakman.
“»Sabemos que hay mucho dinero por blanquearse y realmente sería un incentivo sumamente necesario para este sector. El proyecto existe, pero no logramos que se trate en el Congreso», agregó Daniel Mintzer, presidente de G&D Developers, quien también participó de la ronda de prensa.
La normativa, que rigió el año pasado, establecía tres alícuotas diferente, según los plazos en que se decidiera sincerar el dinero. El primero, que debía durar 60 días, con un gravamen del 5%, apenas rigió una semana. El segundo tramo, con una alícuota del 10%, fue solo por un mes. El último tramo, el menos atractivo, por una cuota del 20%, se extendió por 60 días, con un total del blanqueo de solo cuatro meses.
«Necesitamos plazos más extensos, que sean, por lo menos, de 12 meses. Eso garantizaría el funcionamiento de la medida», reconoció Tabakman.
Fuente: Belén Fernandez para El Cronista.