El podio lo completa Córdoba, aunque también se destacan los casos de Chubut y Catamarca. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santiago del Estero, en cambio, son los destinos menos atractivos para la inversión en el sector.
Buenos Aires, San Juan, Córdoba, Chubut y Catamarca son, en ese orden, las provincias argentinas más aptas para la ejecución de inversiones en el segmento de las energías verdes. Así lo establece el Índice Provincial de Atractivo Renovable (IPAR), un ranking elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en colaboración con la Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética (SSERyEE) de la Nación y el Círculo de Políticas Ambientales (CPA).
Después de esas cinco plazas líderes se posicionan Mendoza, Río Negro, Salta, Neuquén, Jujuy, La Rioja, Santa Cruz, Chaco, San Luis, Misiones, Tucumán, Corrientes y Santa Fe. En el fondo del listado, en tanto, se encuentran Tierra del Fuego, Formosa, La Pampa, Entre Ríos, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y Santiago del Estero.
En relación con los objetivos de la Ley 27.191 de fomento al uso de fuentes renovables destinadas a la producción de electricidad, las provincias mejor conceptuadas por el IPAR son Buenos Aires, Chubut, San Juan, Salta y Río Negro.
Con respecto a las metas de la Ley 27.424 de fomento a la generación distribuida de energía renovable integrada a la red eléctrica, las calificaciones más altas pertenecen a Córdoba, Tierra del Fuego, Tucumán, Catamarca y La Rioja.
De acuerdo con Marcelo Corti, responsable del proyecto y director ejecutivo del Centro de Desarrollo Sustentable GEO de Ciencias Económicas en la UBA, el IPAR busca aportarle información relevante al sector. “Queremos convertirlo en una referencia obligada para la toma de decisiones de los ámbitos público y privado”, explicó.
Está previsto, según detalló, que el índice tenga una periodicidad semestral. “Se encuentra compuesto por 27 variables vinculadas con aspectos regulatorios, fiscales e institucionales en función de la normativa vigente, aparte de cuestiones tecnológicas, de aprovechamiento de los recursos energéticos y del desarrollo de infraestructura”, especificó.
En esta primera edición, sostuvo, el mayor desafío fue justamente entender la instancia regulatoria, fiscal e institucional de cada provincia. “Para medir el atractivo de las diferentes jurisdicciones, debimos combinar ese eje de análisis con los factores más prácticos y de campo”, aseguró.
FUENTE: El Inversor